El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, junto al sector turístico, cargan contra la sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado 7 de enero, anuló la orden de la Dirección General de Turismo promulgada en 2015 y que obligó a Airbnb a eliminar 14.306 anuncios de alquileres turísticos irregulares.
El Ejecutivo regional, junto a Confecat, Pimec Turisme, Foment, Acave, Turalcat y la Federación Catalana de Campings manifiestan su desacuerdo con la sentencia porque, la orden de 2015 afectó a aquellas viviendas turísticas no inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña y que, por tanto, no disponían del número de identificación obligatorio.
Ante esta situación, ponen de manifiesto que la sentencia afecta negativamente a la oferta legal con la que cuenta la comunidad, ya que la administración pierde la autoridad turística sobre el destino, los turistas pueden verse perjudicados ante fraudes, se continúa perpetuando el perjuicio manifiesto a la convivencia entre turistas y residentes, perdiendo así calidad el destino, junto al efecto perturbador que genera la competencia desleal.
Con la sentencia, aseguran, se fomenta igualmente el fraude fiscal, la vulneración de las normas urbanísticas, las ordenanzas municipales y los estatutos de las comunidades de propietarios y afecta directamente a la seguridad del destino, ya que estos alquileres escapan a la obligación de comunicar el registro de viajeros a la Policía-Mossos d’Esquadra.
De igual manera, el sector y el Ejecutivo regional tampoco comparten que el hecho de exigir a la plataforma Airbnb que ofrezca únicamente oferta legal sea someterle a un control excesivo, ya que se tratan de la puerta de entrada a los alojamientos turísticos y, si así lo consideraran, podrían elegir comercializar solo oferta legal.
Además, consideran que exigir a Airbnb hacer público el número de identificación del Registro de Cataluña es una medida justificada para el interés del propio visitante, al ser un certificado de calidad que le ofrece confianza.
De igual manera, el Govern recuerda que ya ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a diferentes operadores y que ha abierto más de 1.700 expedientes sancionadores a particulares que llevaban a cabo esta actividad de forma irregular. De todos ellos, más de 1.500 fueron sancionados con multas que van desde los 3.000 hasta los 30.000 euros, con una recaudación total de más de 9,2 millones de euros.
Por todo ello, tanto el Gobierno catalán como el sector turístico, aseguran en un comunicado conjunto, van a seguir impulsando un modelo turístico competitivo, sostenible y responsable, mientras continúan velando por conseguir que el marco jurídico facilite que las autoridades exijan el cumplimiento de la normativa del destino.
