El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, junto al sector turístico, cargan contra la sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado 7 de enero, anuló la orden de la Dirección General de Turismo promulgada en 2015 y que obligó a Airbnb a eliminar 14.306 anuncios de alquileres turísticos irregulares.
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