Una juez de Madrid inició una investigación por el rescate de Plus Ultra. La misma afecta a 15 altos cargos del Gobiernos, entre los cuales se encuentran las secretarias de Estado de Hacienda y la de Economía.
El Juzgado de Instrucción número 15 también afecta a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que fueron los del visto bueno al rescate de 53 millones para la aerolínea.
Manos Limpias impuso la demanda, la cual iba dirigida al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, la jueza decidió investigar al resto de miembros del consejo al considerarlos “cooperadores necesarios” en la concesión del rescate. Se investiga un delito de malversación de fondos.
Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI, quedó al margen de la investigación pues acabó de ser nombrada y llegó después de concedida la ayuda a la aerolínea.
“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, afirmó la magistrada tras examinar la denuncia.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió públicamente el rescate de Plus Ultra al considerar a la aerolínea como “relevante” y “estratégica”. Sin embargo, los partidos de la oposición consideran que hubo un trato de favor a Plus Ultra.
