En un movimiento sin precedentes que reaviva el debate sobre la burbuja del alquiler y el papel de las plataformas digitales, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb. La medida, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apunta directamente al corazón del modelo de negocio de la empresa californiana, que lleva años operando en un limbo regulatorio que ha agravado la crisis de acceso a la vivienda en España.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala las actuaciones de Consumo
La plataforma Airbnb, como era previsible, recurrió la resolución administrativa que le exigía la retirada de esos anuncios. Sin embargo, el TSJM ha desestimado el recurso y ha confirmado la legalidad de la actuación del Ministerio, instando a la plataforma a retirar 5.800 anuncios de forma inmediata.
La resolución judicial da la razón a Pablo Bustinduy, actual ministro del ramo, y refuerza la estrategia del Gobierno para meter mano a un mercado turístico completamente desregulado en muchas ciudades españolas. Esta decisión judicial no sólo tiene validez inmediata, sino que marca un precedente clave en la lucha contra la economía sumergida en el sector del alquiler turístico.
Consumo identifica más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid
En el caso de la capital, más de 15.200 viviendas que operan como alojamientos turísticos sin licencia han sido localizadas por el Ministerio de Consumo. La cifra es escalofriante. Significa miles de pisos fuera del mercado residencial tradicional que podrían estar ofreciendo vivienda habitual a familias, jóvenes o personas en situación vulnerable.
Pero lo más grave es que esta información ya ha sido enviada al Ayuntamiento de Madrid, que preside José Luis Martínez Almeida, sin que hasta ahora se haya tomado ninguna medida efectiva para sancionar o clausurar esas viviendas ilegales.
¿A qué espera Almeida para actuar? ¿A una nueva subida de los precios del alquiler que termine de expulsar a los vecinos del centro de Madrid?
Los inmuebles localizados se encuentran en Andalucía, Madrid, Catalunya, Valencia, Balears y Euskadi
La ofensiva del Ministerio no se queda en Madrid. Los 65.935 anuncios ilegales detectados se reparten entre seis comunidades autónomas:
- Andalucía
- Comunidad de Madrid
- Catalunya
- Comunidad Valenciana
- Islas Baleares
- Euskadi
Los residentes tradicionales están siendo expulsados por la especulación inmobiliaria y los beneficios rápidos que ofrece la renta turística.
La infracción más común es la ausencia del número de registro
De los más de 65.000 anuncios denunciados por Consumo, la mayoría incumplen la obligación legal de incluir el número de registro turístico, algo que exige la normativa de varias comunidades autónomas.
Otros incumplimientos detectados por Consumo:
- No indican si el arrendador es profesional o particular, lo que puede afectar a los derechos del consumidor.
- Incluyen números de licencia que no son válidos o que han sido falsificados, una práctica que puede inducir a engaño.
Estamos hablando de un mercado opaco, con reglas a medida, que pone en jaque no solo la regulación del turismo sino el propio derecho a la vivienda.
También hay anuncios con registros falseados
No sólo hay omisiones, sino también falsedades activas. El Ministerio ha detectado números de licencia inventados, no vinculados a ningún registro oficial, lo que vulnera gravemente la protección al consumidor.
Estas prácticas constituyen infracciones graves que pueden tener consecuencias económicas para los arrendatarios y perjudicar la reputación del turismo español.
La guerra declarada contra los pisos turísticos prosigue y ahora se implica a la plataforma de anuncios Airbnb
Hasta ahora, las acciones contra los pisos turísticos ilegales se centraban en propietarios individuales o pequeñas gestoras. Pero el Ministerio de Consumo ha dado un salto cualitativo, implicando directamente a Airbnb, la plataforma que más se beneficia del fenómeno.
No se trata de un caso aislado ni de errores puntuales. Es una forma de negocio sistematizada que ha contribuido a deteriorar el tejido residencial de ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla o San Sebastián.
Mientras la empresa defiende su papel como facilitador de experiencias turísticas, los datos revelan una realidad mucho más cruda: el alquiler turístico es más rentable y por tanto está canibalizando el mercado residencial.
Almeida sabe las direcciones de los pisos turísticos ilegales pero no hace nada
En un gesto de cooperación institucional, el Ministerio remitió al Ayuntamiento de Madrid la lista completa con las direcciones de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales. Sin embargo, la respuesta ha sido la inacción más absoluta.
Mientras Almeida inaugura eventos y habla de vivienda asequible, el mercado real está siendo colonizado por operadores turísticos, fondos buitre y especuladores. Muchos de ellos se escudan en plataformas como Airbnb, que siguen operando sin apenas restricciones efectivas a nivel local.
Una plataforma con más poder que muchas administraciones
Airbnb no es simplemente una web de anuncios. Es una potencia tecnológica con millones de usuarios y una maquinaria de marketing que puede presionar gobiernos y alterar mercados.
En muchas ciudades, ha logrado imponer su modelo de negocio por la vía de los hechos consumados, desbordando la capacidad de control de los ayuntamientos.
Pese a las normativas municipales y autonómicas, las herramientas legales para frenar su crecimiento han sido hasta ahora poco efectivas, y cuando se actúa, como ha hecho el Ministerio de Consumo, la empresa recurre y dilata los procesos.
El problema es que mientras tanto, la vivienda asequible sigue desapareciendo.
Urge una acción coordinada a todos los niveles
El Ministerio de Consumo ha cumplido su parte, detectando los anuncios ilegales, notificando a la plataforma y, sobre todo, obteniendo el respaldo judicial a su actuación.
Ahora toca que las comunidades autónomas y los ayuntamientos actúen con decisión, aplicando las sanciones que permitan disuadir estas prácticas.
Además, es fundamental que:
- Se dote a las administraciones locales de más medios técnicos y jurídicos.
- Se establezca una normativa nacional de mínimossobre el alquiler turístico.
- Se coordinen las bases de datos autonómicaspara evitar duplicidades o falsificaciones de licencias.
Hay que elegir entre el turismo descontrolado y el derecho a la vivienda
España necesita turismo, sí. Pero también necesita vivienda asequible, barrios vivos y derechos sociales básicos garantizados. No podemos permitir que el alquiler turístico se convierta en una vía rápida para expulsar a los vecinos, erosionar los centros históricos y lucrarse a costa de la desesperación habitacional.
Airbnb ha jugado con ventaja durante demasiado tiempo. Ahora le toca adaptarse a las reglas, o marcharse. La vivienda no puede seguir siendo un simple producto para especular.
